domingo, diciembre 08, 2013

Bomberos

Aunque pienso que a veces pueda resultar sano aplicar razonamientos empresariales a la gestión pública, en cuanto a eficacia, incentivos o transparencia, hay determinados términos muy peligrosos de trasladar, sin traducción previa y de golpe y porrazo, al ámbito de lo público, como han venido haciendo no pocos gobiernos en estos últimos años.

Hablo de la rentabilidad.

Es cierto que los dineros publicos, a los que el ciudadano contribuye con su parte correspondiente de esfuerzo y riqueza, deben ser administrados con la máxima sensatez. No tiene lógica hacer una autopista entre dos pueblos distantes cien kilómetros y con cien habitantes cada uno, por mucho que eso facilite la comunicación entre las dos familias con parentesco que habitan cada uno de esos dos pueblos. Sí, razonar al extremo sirve para desestimar determinadas decisiones. En el político honesto debe residir ese grado de responsabilidad necesario para saber medir dónde termina la justicia social y dónde comienza el derroche.

En mi opinión, debería ser de perogrullo que un hospital público mirase bien por sus cuentas, observando con lupa las compras de medicamentos, favoreciendo los genéricos, así como los gastos en luz, calefacción, establecer criterios racionales en gastos de comida, seguridad, empleando la maquinaria más compleja y cara con criterios de buen uso y penalizando conductas inapropiadas. Para ello, los servicios públicos deben estar dirigidos por profesionales a los que se les pidan responsabilidades basadas en criterios de eficacia, haciéndolos copartícipes, amén de cumplir prioritariamente con los objetivos propios de su sector, de la consecución de resultados económicos del presupuesto del organismo al que pertenezca.

Una escuela pública debe tener la capacidad de administrar unos recursos dignos para obtener unos resultados determinados, y se debe incentivar a aquellos centros, y a aquellos profesionales concretos, que consigan sobrepasar la media; una remuneración que no debe de ser entendida sino como gratificación al buen trabajador, solidario, líder y proactivo profesional que cumple sus objetivos y no descuida el ámbito de responsabilidad que se le ha otorgado.

Teniendo en cuenta todo esto, algo muy lejos de ser norma en grandes sectores de nuestro país, hablar de rentabilidad, sobre todo cuando a ésta la apellidamos de social, roza los límites de lo inhumano.

¿Qué rentabilidad hay que buscar en la atención a los discapacitados? ¿Cómo podemos justificarla cuando se trata de familias sin recursos que afrontan una grave enfermedad? ¿En base a qué rentabilidad hablamos cuando dejamos a un chaval sin universidad por no tener dinero ni capacidad de ser brillante viviendo en un entorno desestructurado?

Como bien decía Iñaki Gabilondo en una entrevista hace bien poco, ¿qué rentabilidad justifica el mantenimiento de un parque de bomberos?

3 comentarios:

Gincrispi dijo...

Habría que hacerse una pregunta, ¿Quién pone precio a la ayuda al necesitado?
Por un módico precio, hay seres humanos que lo hacen?

Nela dijo...

Todo un placer, haber llegado hasta aquí y, conocer tu blog.
Ya tienes una nueva seguidora.
Un beso
Nela

Reyes dijo...

Das en el clavo,exactamente.
Rentabilidad y servicio público son antagónicos,imposibles,absurdos.Lo malo es que ahora todo se confunde y los tiburones meten las fauces allá donde creen que hay negocio.
Y si no lo evitamos,todo será negocio en breve.
Qué mundo más triste.
Sólo van a quedar las monjitas y los voluntarios;los demás,muertos de miedo y ahorrando como burritos para poder pagarnos los derechos perdidos.
Un beso.